El obligado al pago que carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y/o la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de su capacidad productiva y del nivel de empleo de su actividad económica podrá solicitar total o parcial de presentar garantías.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en su Sentencia (para la unificación de doctrina) fecha 18 de enero de 2018, ha resuelto la cuestión de cómo se computa la antigüedad en la empresa de los trabajadores fijos discontinuos, a efectos de devengar el complemento salarial por antigüedad y de causar otros derechos, como el de la promoción profesional. Más concretamente, si a tales efectos debe computarse todo el tiempo transcurrido desde que se inició la prestación de servicios, aunque no se trabajara, o sólo el tiempo de prestación de servicios efectivos durante las sucesivas campañas a las que fueron llamados.
Mediante la Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo (publicada en el BOE de 6 de marzo de 2018), se modifica la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, reguladora del Sistema RED con el objetivo principal de incorporar a los trabajadores por cuenta propia o autónomos.
La disposición transitoria primera habilita un plazo de seis meses para que los trabajadores por cuenta propia afectados por la reforma del artículo 2 de la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, puedan hacer efectiva su incorporación obligatoria al Sistema RED.
La Audiencia Nacional, en su Sentencia de 19 de febrero de 2018, reconoce el derecho de los trabajadores en los supuestos de meses de 31 días, cuando el trabajador no ha estado en activo la totalidad del mes (por haber estado en situación de incapacidad temporal e incorporarse a la empresa una vez iniciado el mes, por haber iniciado la prestación laboral una vez iniciado el mes, o por incorporarse a la empresa tras un periodo de excedencia una vez iniciado el mes), a percibir su salario hasta completar los 31 días debiendo la empresa cesar en la práctica de abonar tan sólo hasta los 30 días.
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 15 de noviembre de 2017, ha reiterado la posición mantenida, en su Sentencia de fecha 16 de noviembre de 2016, y ha vuelto a destacar que lo relevante en las notificaciones no es tanto que se cumplan las previsiones legales sobre cómo se llevan a efecto las notificaciones, sino llevar al conocimiento de sus destinatarios los actos y resoluciones al objeto de que éstos puedan adoptar la conducta procesal que consideren conveniente a la defensa de sus derechos e intereses. Y por ello, constituyen elemento fundamental del núcleo de la tutela judicial efectiva.
La Dirección General de Tributos en respuesta a la consulta vinculanteV2506/2017 ha resuelto que no constituye renta del trabajo en especie los gastos y tasas correspondientes a pruebas finales, exámenes o certificaciones sufragados por la empresa que permitan a sus empleados actualizarse o capacitarse mejor en su puesto de trabajo.
El Registrador Mercantil de Burgos rechaza la inscripción del acuerdo de cese y nombramiento de administradores debido a que la sociedad en cuestión, cuyo objeto social comprende el ejercicio de la medicina, ha quedado disuelta de pleno derecho por no haberse adaptado a la Ley de Sociedades Profesionales.
El BOE, de fecha 24 de enero de 2018, ha publicado la Orden HFP/36/2018, de 18 de enero, por la que se establecen determinadas disposiciones relativas al Sistema Intrastat (que entrará en vigor el 1 de marzo de 2018).
En el BOE del 30 de diciembre de 2017 se publicó el Real Decreto 1075/2017, de 29 de diciembre, que introduce en su artículo 5 modificaciones en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.
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